En unos días la CE volverá a poner sobre la mesa una iniciativa que lleva varada un lustro en manos de las capitales y que supone un paso adelante en la integración comunitaria.
Bruselas quiere resucitar su ambiciosa idea de crear una base imponible consolidada del impuesto de sociedades común en toda la Unión Europea (UE), una medida que ahora quiere que se imponga a las grandes multinacionales para que paguen impuestos allí donde generen beneficios.
En unos días la Comisión volverá a poner sobre la mesa una iniciativa que lleva varada un lustro en manos de las capitales y que supone un paso adelante en la integración comunitaria pero que, a la vez, promete generar tensiones en un momento de gran incertidumbre para el proyecto europeo, según documentación a la que ha tenido acceso Efe.
Bruselas trata de lograr desencallar el proyecto repartiéndolo en dos propuestas separadas, de modo que se pueda crear primero una base tributaria común -es decir, unas normas comunes europeas sobre cómo calcular la base imponible-, y dejando para una segunda fase la polémica consolidación común.
«El proyecto era demasiado ambicioso para ser negociado de una vez», aseguró recientemente el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, impulsor de la propuesta.
El principal cambio respecto a 2011 es que la base común será obligatoria para todas las grandes multinacionales con unos ingresos anuales consolidados de al menos 750 millones de euros, según la comunicación que acompañará a la propuesta, a la que Efe ha tenido acceso y sobre la que han adelantado detalles el diario belga «Le Soir» y «El País».
Busca estrechar aún más el cerco a las empresas que practican las estrategias de ingeniería fiscal para reducir al mínimo sus contribuciones, tras varias propuestas legislativas europeas en este sentido e investigaciones sobre los beneficios fiscales que se conceden a empresas selectas, como el sonado caso Apple, que debe devolver a Irlanda 13.000 millones de impuestos no abonados.
«Sabemos que esta propuesta es ambiciosa. Pero no hay mejor momento para volver a poner en marcha la base común consolidada: con cada nuevo caso de la práctica fiscal desleal o abuso, la frustración pública crece», explicó hoy a Efe la portavoz comunitaria Vanessa Mock.
Mock también defiende que la propuesta traerá beneficios a las empresas, especialmente las pymes y aquellas que apuesten por invertir en desarrollo e investigación, que podrán acceder a deducciones específicas.
Pese a que los escándalos de Luxleaks, los papeles de Panamá y las filtraciones sobre las Bahamas han elevado la presión de la opinión pública sobre países y empresas, la iniciativa es un paso osado, ya que se adentra en una de las competencias exclusivas de los países, la política fiscal, que guardan con celo.
Queda por ver cómo recibirán los Veintiocho la iniciativa, aunque es previsible que algunos países que han atraído a las empresas con ofertas fiscales beneficiosas como Irlanda, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo y Bélgica presenten una importante resistencia al proyecto, especialmente a la consolidación común.
La consolidación supone que se agregarían todos los beneficios y las pérdidas de una sociedad o un grupo de sociedades en distintos Estados miembros, a fin de calcular el beneficio neto o la pérdida neta correspondiente al conjunto de su actividad en la UE, sobre el que se determinará la base imponible total de la sociedad o grupo.
Esta cuestión es lo suficientemente delicada como para crear fuertes discusiones entre los países, muchos de los cuales temen que estos primeros pasos conduzcan hacia una federalización de las políticas fiscales.
La Comisión se ha puesto la venda antes de la herida, al asegurar públicamente que Bruselas no persigue proponer unos tipos mínimos del impuesto de sociedades -derecho que seguirá en manos de los países- y que no trata armonizar el impuesto de sociedades, unas líneas que pocos socios estarían dispuestos a cruzar.
Fuente: Diario Expansión.
