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Bruselas quiere implantar en toda la UE una base común consolidada del impuesto de sociedades

En unos días la CE volverá a poner sobre la mesa una iniciativa que lleva varada un lustro en manos de las capitales y que supone un paso adelante en la integración comunitaria.

Bruselas quiere resucitar su ambiciosa idea de crear una base imponible consolidada del impuesto de sociedades común en toda la Unión Europea (UE), una medida que ahora quiere que se imponga a las grandes multinacionales para que paguen impuestos allí donde generen beneficios.

En unos días la Comisión volverá a poner sobre la mesa una iniciativa que lleva varada un lustro en manos de las capitales y que supone un paso adelante en la integración comunitaria pero que, a la vez, promete generar tensiones en un momento de gran incertidumbre para el proyecto europeo, según documentación a la que ha tenido acceso Efe.

Bruselas trata de lograr desencallar el proyecto repartiéndolo en dos propuestas separadas, de modo que se pueda crear primero una base tributaria común -es decir, unas normas comunes europeas sobre cómo calcular la base imponible-, y dejando para una segunda fase la polémica consolidación común.

“El proyecto era demasiado ambicioso para ser negociado de una vez”, aseguró recientemente el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, impulsor de la propuesta.

El principal cambio respecto a 2011 es que la base común será obligatoria para todas las grandes multinacionales con unos ingresos anuales consolidados de al menos 750 millones de euros, según la comunicación que acompañará a la propuesta, a la que Efe ha tenido acceso y sobre la que han adelantado detalles el diario belga “Le Soir” y “El País”.

Busca estrechar aún más el cerco a las empresas que practican las estrategias de ingeniería fiscal para reducir al mínimo sus contribuciones, tras varias propuestas legislativas europeas en este sentido e investigaciones sobre los beneficios fiscales que se conceden a empresas selectas, como el sonado caso Apple, que debe devolver a Irlanda 13.000 millones de impuestos no abonados.

“Sabemos que esta propuesta es ambiciosa. Pero no hay mejor momento para volver a poner en marcha la base común consolidada: con cada nuevo caso de la práctica fiscal desleal o abuso, la frustración pública crece”, explicó hoy a Efe la portavoz comunitaria Vanessa Mock.

Mock también defiende que la propuesta traerá beneficios a las empresas, especialmente las pymes y aquellas que apuesten por invertir en desarrollo e investigación, que podrán acceder a deducciones específicas.

Pese a que los escándalos de Luxleaks, los papeles de Panamá y las filtraciones sobre las Bahamas han elevado la presión de la opinión pública sobre países y empresas, la iniciativa es un paso osado, ya que se adentra en una de las competencias exclusivas de los países, la política fiscal, que guardan con celo.

Queda por ver cómo recibirán los Veintiocho la iniciativa, aunque es previsible que algunos países que han atraído a las empresas con ofertas fiscales beneficiosas como Irlanda, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo y Bélgica presenten una importante resistencia al proyecto, especialmente a la consolidación común.

La consolidación supone que se agregarían todos los beneficios y las pérdidas de una sociedad o un grupo de sociedades en distintos Estados miembros, a fin de calcular el beneficio neto o la pérdida neta correspondiente al conjunto de su actividad en la UE, sobre el que se determinará la base imponible total de la sociedad o grupo.

Esta cuestión es lo suficientemente delicada como para crear fuertes discusiones entre los países, muchos de los cuales temen que estos primeros pasos conduzcan hacia una federalización de las políticas fiscales.

La Comisión se ha puesto la venda antes de la herida, al asegurar públicamente que Bruselas no persigue proponer unos tipos mínimos del impuesto de sociedades -derecho que seguirá en manos de los países- y que no trata armonizar el impuesto de sociedades, unas líneas que pocos socios estarían dispuestos a cruzar.

Fuente: Diario Expansión.

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La UE dice no a la devolución de las clausulas suelo

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cree que los bancos españoles no deben devolver el equivalente a miles de millones de euros a los clientes a los que cobró de más en concepto de cláusulas suelo irregulares.

El Tribunal Supremo español sentenció hace tres años que las entidades afectadas deberían devolver el dinero cobrado de más por esas cláusulas, pero únicamente a partir del 9 de mayo de 2013. ¿Por qué esa fecha? Porque el Alto Tribunal temía que si las entidades tuviesen que reintegrar la totalidad de lo cobrado, la viabilidad del entonces recién rescatado sistema financiero podría ponerse en cuestión.

Clientes de Cajamar, BBVA y Abanca (antes NovacaixaGalicia) recurrieron y el caso ha llegado a la Justicia Europea. En sus conclusiones presentadas hoy, el abogado general Paolo Mengozzi señala “que la Directiva no tiene por objeto la armonización de las sanciones aplicables en caso de que se aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractual y, por lo tanto, no exige a los Estados miembros que establezcan la nulidad retroactiva de tal cláusula“.

La Comisión Europea, en el documento técnico remitido el año pasado a la corte, con su opinión de parte, se pronunciaba a favor de la devolución total, pues consideraba que el cese en el uso de una “cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad”.

Para Bruselas era imposible “que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información”.

Mengozzi, en el escrito que ha leído hace unos minutos, sostiene que la Directiva comunitaria “no determina las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno precisar esas condiciones, siempre desde el respeto de los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión”.

La conclusión es clara. El abogado general propone al Tribunal de Justicia “que declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva”.

El letrado respalda la argumentación del Supremo español, al considerar que el impacto sobre el conjunto de la economía de una retroactividad total de la devolución del importe de las cláusulas suelo es motivo para no permitirla. “Un órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas suelo”, explican desde Luxemburgo. En este contexto, el abogado considera que, “a título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional“.

La opinión del abogado general no es vinculante, pero sí suele ser un buen indicador de la sentencia final del Tribunal, que se espera para dentro de unos meses, quizás incluso antes de finales de este año.

En juego hay miles de millones de euros. Los abogados de las entidades usaron en la vista oral cálculos del Banco de España para situar el impacto en los balances en una cifra entre 5.000 y 7.000 millones de euros. El Banco no ha querido hacer público ese informe. Del total, sólo una pequeña parte está provisionada. Según Goldman Sachs, por ejemplo, Popular, Bankia BBVA y CaixaBank deberían provisionar 3.000 millones adicionales a los fondos que ya habían preparado si tuviesen que devolver el total de las cláusulas abusivas.

La decisión tendrá efecto no sólo sobre los clientes de las tres entidades que han llegado hasta Luxemburgo, sino también podría sobre los 15.000 miembros de la macrodemanda gestionada por Adicae.

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